Comentario
La iniciativa privada intervino en muchas de las empresas llevadas a cabo por Roma. Ya desde los primeros tiempos de la República los gobernantes percivbieron que la única manera de hacer frente a los elevados costes que conllevaba el sostenimiento de un ejército en expansión era solicitar préstamos a inversores privados, quienes recibían con ello un elevado beneficio. El sistema se mantendrá en los siglos siguientes.
El elevado coste de las empresas militares llevó a la República a solicitar ayuda a la iniciativa privada. Serán los publicanos quienes presten la ayuda necesaria al Estado en estos momentos de necesidad. Estos publicanos eran una institución de origen helenístico que tenían arrendado un servicio comunitario (publicum), desde la adjudicación de contratas de obras públicas al cobro de algún impuesto. En unos momentos de expansión como los que vive Roma durante los siglos III y II a.C., las regiones y provincias que eran conquistadas debían pagar un impuesto que una vez delimitada su cuantía, se sacaba a pública subasta. El Estado cobraba de manera anticipada la cantidad estipulada y los adjudicatarios tenían que recaudar directamente los tributos. En numerosas ocasiones existían asociaciones de publicanos para pujar por el arrendamiento fiscal de un lugar determinado. Esas sociedades tenían sus estatutos y estaban dirigidas por un magister que tenía su residencia en Roma, donde trataba directamente con los funcionarios públicos. De esta manera, el Estado contaba por adelantado con el dinero durante un período de cinco años y se ahorraba un buen pellizco en sueldos. El riesgo que corrían los publicanos era muy alto, por lo que el Estado protegía con mimo a estos suministradores de dinero. Sin embargo, cuando el negocio resultaba fructífero, los beneficios eran tremendamente elevados.
Este sistema de recaudación fiscal plantea numerosos defectos, siendo las corrupción el más corriente. No olvidemos que los publicanos tenían la protección de los magistrados, quienes debían proteger incluso militarmente a los recaudadores si fuera necesario. El Senado no podía permitir que sus sostenes materiales dejaran de percibir beneficios. En la provincia de Asia los publicanos se embolsaban unos diez millones de denarios al año por los peajes de mercancías, la misma cantidad que recibía el Estado. En numerosas ocasiones los propios publicanos prestaban el dinero necesario a los contribuyentes insolventes, recibiendo un elevado interés por el crédito. En otras ocasiones cobraban varias veces el tributo o exigían diez veces la cantidad prevista. La usura alcanzaba límites insospechados -a veces hasta del 4 % mensual- por lo que Sila tuvo que establecer un tope del 12 % de interés anual.
Estas corruptelas contaban en buen medida con el apoyo de algún magistrado. Sin embargo, conocemos más de un proceso por corrupción como el de Verres, Sereno o Bebio Massa, siendo las penas muy leves en relación con los hechos imputados. Será en época imperial cuando las quejas de las provincias surtan efecto, estableciéndose un cierto control estatal. Se recuperará entonces la figura del publicano como figura aislada, huyendo de grandes sociedades, con el fin de evitar la consolidación de potentes fortunas que se conviertan en ámbitos de poder. Los procuradores controlaban la gestión de estos recaudadores, lo que sin duda benefició a los contribuyentes.
En la crisis del siglo III será el Estado quien recaude directamente los impuestos. Nadie quiere arrendar el cobro de tributos, ya que no hay de dónde recaudar, ni participar del transporte de tropas o víveres, al asegurar con su propio dinero lo transportado. Paradójicamente, la actividad que mayores fortunas creó en época republicana en los últimos momentos del Imperio no era desempeñada por nadie.